El contexto
Las personas que están o estuvieron privadas de la libertad cuentan en general con escasas opciones para el desarrollo de proyectos de vida que resulten beneficiosos para sí mismxs y para su entorno.
Los principales obstáculos
Las huellas del encierro, el regreso a contextos vulnerables, la estigmatización social y la dificultad para conseguir empleo o desarrollar alternativas autogeneradoras de ingresos capaces de sostenerse en el tiempo se constituyen como algunos de los principales obstáculos.
El desafío
Lograr la inclusión socioeconómica de las personas que están o estuvieron privadas de la libertad a partir de una estrategia integral, multidimensional y articulada entre múltiples actores, que tome en consideración los obstáculos a los que se enfrentan, apostando a la construcción de un nuevo paradigma cultural que construya una sociedad con mayores oportunidades para todxs.
En números
117.810
personas se encuentran privadas de la libertad en Argentina
105.053
(89,17%) se encuentran en unidades de detención
12.757
(10,83%) personas se encuentran en comisarías o destacamentos de fuerzas de seguridad
12.015
personas se encuentran con prisión domiciliaria y/o monitoreo electrónico
unidades penitenciarias a nivel país
de las personas privadas de la libertad se encuentra en Buenos Aires
es el promedio global de sobrepoblación de las cárceles
De forma previa a la privación de la libertad, la mayoría de las personas se encontraba en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
contaba con estudios primarios como máximo nivel educativo transitado
no contaba con oficio ni profesión
se encontraba desocupada
se encontraba con empleo parcial
Más de
200.000
niños, niñas y adolescentes viven en un hogar donde hay al menos un miembro de la familia privado de la libertad, lo que los expone a mayores niveles de pobreza e inseguridad alimentaria que sus pares sin familiares detenidos.
se encuentra por debajo de la línea de pobreza monetaria
no asisten a establecimientos educativos
Fuente: Datos extraídos del informe elaborado por el Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (2022) y de las investigaciones “Infancias y encarcelamiento” (2019; Cadoni, Rival y Tuñón) y “Las múltiples vulnerabilidades que afectan especialmente a NNAPES” (2021; Cadoni, Sánchez y Tuñón).